¿Quién pone las reglas?

Sergio Lehmann

Estamos viviendo un período extremadamente complejo, en el que se ha diluido en algún grado el marco sobre el cual se definen las reglas o normas legales que rigen y ordenan el funcionamiento de la sociedad. Eso naturalmente debilita la institucionalidad, dando pie a que distintos grupos busquen imponer su visión en todo orden: económico, social y político.

Las redes sociales han jugado un rol en esa línea, no sólo porque han sido un espacio para movilizar y organizar grupos minoritarios que buscan imponer nuevos paradigmas y cuestionar el orden establecido, sino porque además estas mismas redes están definiendo reglas de forma unilateral y arbitraria, que no necesariamente están alineadas con lo que el país busca.

En lo más reciente, hemos sido testigos de vetos a personas o limitaciones al uso de distintas aplicaciones, apelando al mal uso que se les puedan estar dando a las mismas, cuestión que hoy es definida por las propias redes sociales. ¿Es ese el camino correcto? Ha habido cuestionamientos potentes a esta práctica, entendiendo que las reglas en este ámbito, dado el alcances y penetración de las redes, deben ser definidas en las instancias legislativas de los países. Por cierto, cualquier incitación al odio o violencia, así como llamados a la discriminación deben castigarse. Pero es la sociedad la que debe establecer las reglas que deben regir. No podemos delegar en las empresas ese rol fundamental.

De una naturaleza distinta, pero que también ha llevado a debilitar la institucionalidad, es lo que hemos vivido en Chile tras el estallido social. Sin perjuicio de que este año comenzaremos a elaborar una nueva Constitución, el orden vigente no debe vulnerarse. Eso no solo es antidemocrático, sino que conlleva además un elevado daño económico y social, al introducir incertidumbre y menoscabar la estructura sobre la cual se definen planes y acciones de personas y organizaciones. Adoptar cambios al calor de los acontecimientos sociales arriesga centrar la mirada en el corto plazo, ignorando los costos que a futuro se van a pagar. Ese es el populismo, uno de los mayores riesgos que hoy enfrentamos en Chile.

En una sociedad democrática, como bien sabemos, el ejecutivo y el parlamento son las instituciones llamadas a definir las políticas y normas que rigen el ordenamiento político, económico y social. Pero esas mismas reglas no pueden vulnerar el marco sobre el cual se deben construir. Lo entendieron los romanos hace más de 2.500 años, cuando configuraron sus reglas y ordenamiento jurídico. La vulneración del mismo llevó a la postre a su derrota. Sobre el mismo principio prosperaron los países que hoy alcanzan altos niveles de desarrollo y bienestar. No hay país exitoso que haya alterado esta configuración, buscando atajos que no existen. La mirada cortoplacista presionada por una coyuntura compleja lleva ineludiblemente al fracaso.

Enfrentamos períodos extraordinarios, marcados en Chile por una crisis social, una crisis sanitaria y una crisis política. Bajo este escenario, se han acelerado cambios tecnológicos y se ha profundizado el uso de canales digitales. Se advierte además una sociedad empoderada que busca ser escuchada. Veamos en ello como una oportunidad, en que el marco que se defina a partir de una nueva Constitución genere las bases para configurar reglas sólidas, que apunten a fortalecer el desarrollo, ampliar las oportunidades y avanzar en equidad, reconociendo los fundamentos que han permitido un progreso inédito en nuestro país durante las últimas décadas.